NOTA AL FALLO: C.S.J.N, “VILLIVAR, SILVANA NOEMÍ C/ PROVINCIA DEL CHUBUT Y OTROS” 17/04/2007:

Un antecedente jurisprudencial relevante en la materia: C.S.J.N, “VILLIVAR, SILVANA NOEMÍ C/ PROVINCIA DEL CHUBUT Y OTROS” 17/04/2007:

En materia de tutela jurídica ambiental minera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de expedirse recientemente en un leading case que analizaremos en el presente capítulo atento la relevancia institucional del pronunciamiento.

De conformidad a lo dictaminado en la etapa judicial anterior, la empresa minera El Desquite S.A. debía suspender la actividad de una mina ubicada en la Provincia de Chubut hasta tanto se efectuara el estudio de impacto ambiental y se celebrara la correspondiente audiencia pública.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que había admitido la acción de amparo ambiental regida por la Ley Provincial 4572 y dispuesto la paralización de los trabajos de exploración y explotación de la mina hasta tanto se celebrase la audiencia prevista en el art 6º de la Ley 4032 convocada por la autoridad de aplicación para el día 29 de marzo de 2002.

En consecuencia quedó firme la decisión del juez de primera instancia de Esquel (Provincia de Chubut) de: ”Disponer de manera urgente la paralización de toda obra, acto o hecho a ejecutarse en el emprendimiento minero Cordón Esquel por parte de la minera El Desquite S.A., así como la prohibición de ejecutar nuevas obras, actos o hechos relacionados con ello en cualquiera de las etapas del proyecto hasta tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por los arts. 6º , 7º y concordantes de la Ley 4032 y arts. 17, 19 y 220 del Decreto 1153/95 (Autos: “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia e Chubut y otros s/ Amparo”; -Expte.365-FO 390- Año 2002-; Esquel, 19 de Febrero de 2003)

La empresa El Desquite S. A había interpuesto un recurso de apelación que el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut rechazó por considerar que no se adecuaba a los requisitos de admisibilidad previstos, sosteniendo que no se dirigía contra una sentencia definitiva, según lo establecido en Art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, y que tal recurso solo procedía contra los pronunciamientos que terminarán en litigio o hicieren imposible su continuación.

La empresa minera recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que la sentencia que resolvió el amparo era definitiva ya que no tenía ninguna posibilidad de acudir a otra vía jurisdiccional ulterior apta para renovar el debate de la cuestión resuelta y que el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut no había cumplido con la doctrina de la Corte expuesta en el caso “Di Mascio” -en este precedente la CSJN había dispuesto que los Tribunales Superiores de las provincias debían admitir aquellos recursos aún cuando no cumplieran con los requisitos de admisibilidad locales si lo hacían en relación al recurso extraordinario federal- .

La empresa minera alegó que, en el caso planteado, las normas locales que imponían la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental y la celebración de una audiencia pública vulneraban derechos contenidos en el Código de Minería, como la libre explotación de las minas.

Los integrantes de la CSJN Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, rechazaron el recurso basándose exclusivamente en el artículo número 280 del Código procesal Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, el voto de los Jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi destacó que el recurso extraordinario era inadmisible por cuanto:
1- Si bien la lectura del recurso federal no permitía comprender de que tipo de explotación minera se trataba, la compulsa de las actuaciones evidenciaba que se trataba de una explotación minera de oro a cielo abierto y mediante la utilización de cianuro, método expresamente prohibido por la ley 5001, sancionada por la legislatura de la Provincia de Chubut con motivo de los hechos que dieron lugar a la causa, norma no invocada ni cuestionada durante el transcurso del pleito.
2- La empresa afirmó que por su parte nunca cuestionó la existencia de normas provinciales que exigen la celebración de una audiencia pública previa a la aprobación por la autoridad provincial del informe de impacto ambiental presentado, ni evadió su cumplimiento y que la Provincia del Chubut informó que se encontraba siendo evaluada por la autoridad de aplicación la que, previo a emitir el acto administrativo de aprobación o rechazo, celebraría la audiencia pública prevista por la ley 4032.
3- La empresa consintió además la sentencia que le ordenó paralizar las obras hasta tanto diera cumplimiento a las exigencias establecidas en los Arts. 6, 7 y 8 de la ley Provincial cuestionada por la empresa en la instancia del artículo 14 de la ley 48 .-

Consideraron los señores magistrados que el Art. 11 de la Ley Nacional 25.675 reitera como presupuesto mínimo común de aplicación obligatoria en todo el territorio de la república para toda actividad susceptible de degradar el ambiente, o afectar la calidad de vida de la población de manera significativa, la sujeción a un procedimiento de evaluación ambiental previo a su ejecución. Además destacó que el Art 1 de la ley provincial 5001 prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la Provincia de Chubut y su art. 3ro dispone que la delimitación de las zonas y modalidades de producción deberá ser oportunamente aprobada por una nueva ley, incluyendo las áreas exceptuadas de la prohibición establecida en el art 1ero – (modalidad minera a cielo abierto y utilización de cianuro)

El voto de los tres Ministros de la CSJN señaló que el eje de la decisión final en materia de explotación minera, no es la concesión legal, mediante el cual el art. 10 del Código de Minería establece la propiedad particular de las minas, sino que su explotación esta supeditada a la decisión minero-ambiental de la autoridad local

Nota al fallo

La cuestión se vincula con la explotación de una mina de oro a cielo abierto con la utilización de cianuro para la separación (lixiviación) del mineral de la piedra, en las cercanías de la localidad de Esquel, Chubut. La empresa El Desquite SA. titular del emprendiendo se encontraba autorizada por la autoridad provincial de Minería, pero no había cumplido con los procedimientos ambientales regulados por las leyes locales (la ley provincial 4032), porque entendía que esas normas eran aplicables a otras actividades pero no respecto a la minería.- .

El primer paso judicial del expediente del que analizamos fue “Villivar, Silvana Noemí c/Provincia del Chubut y otros s/ Amparo” (Expte N0 1365- F0 390- Año 2002), que resultó ser la medida cautelar dictada el 19 de febrero de 2003. Una vecina del lugar se presentó solicitando amparo a su derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y equilibrado solicitando como medida cautelar – la que “fue despachada de manera favorable” – que se suspenda la actividad de la demandada que había comenzado a ejecutar el emprendimiento, hasta que complete el procedimiento administrativo ambiental autorizatorio, con la realización de la correspondiente audiencia pública tal como la ley provincial ambiental lo indicaba.-.

Esa resolución fue apelada por la empresa y el 25 de abril de 2003 la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Esquel confirmó la medida cautelar. Luego la empresa interpuso diversos recursos ordinarios- para alcanzar la tercera instancia – los que fueron denegados por la Cámara, lo que provocó la interposición de una queja por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut, que fue rechazada.

Subsiguientemente la empresa interpuso recurso extraordinario federal el que fue rechazado por el Alto Tribunal Chubutense, lo que motiva el fallo en nota. La Corte, apartándose de la opinión del Ministerio Público resolvió declarar que el recurso extraordinario, era inadmisible. Se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite según su sana discreción, y con la sola invocación del artículo, “rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Tres Ministros decidieron fundar el rechazo. (Dres. Ricardo Luís Lorenzetti, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi).

Los últimos dos considerandos (7 y 8) exponen una hermenéutica respecto a modalidades complejas de funcionamiento de normas de nuestra estructura federal ambiental. Los tres Ministros, luego de sortear las dificultades interpretativas que planteaba el caso, dejaron sentados varios principios de fondo de la disciplina, relacionados con la evaluación de impacto ambiental y las audiencias públicas.

Concretamente, se estableció como criterio judicial que estas instancias de evaluación de impacto ambiental serán presupuestos mínimos ineludibles de aplicación en todo el territorio y para toda actividad con incidencia ambiental.

A tal efecto, destacamos tres detalles:
El primero esta relacionado con el “voto” de la mayoría, ya que cuatro de los integrantes del Alto Tribunal coincidieron en el resolutorio pero no fundamentan su rechazo del recurso extraordinario. (art 280 CPCC de la Nación, tal lo expuesto precedentemente)
El segundo se vincula con los aspectos procesales del caso – sobre los que no abundaremos en el presente – pero que son referidos con detalle en el Dictamen de la Procuraduría y en los primeros seis considerandos de los tres Ministros que destacamos.
El tercero se refiere a una particular forma de intervención que ha tenido el proceso: un amicus curiae : la FARN , efectuó una presentación de un amicus curiae manifestando su opinión respecto de cuestiones tales como: a) la aplicación de la normativa de orden público ambiental a los proyectos mineros; b) la necesaria evaluación de los impactos ambientales en forma previa al inicio de los trabajos; y c) la participación ciudadana en dicho proceso para asegurar el debido control de la actividad. Factiblemente, una de las fuentes sobre las que hayan abrevado los tres Ministros que expresan su voto podría haber sido la pieza incorporada por la destacadísima organización no gubernamental (FARN) Esto alerta sobre la trascendencia que pueden tener este tipo de presentaciones en las causas que tratan temas de interés público .

En cuanto al tema competencial: El tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional (analizado en Cáp. IV del presente) sostiene “….Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”
Del texto citado se desprende claramente que al Estado Federal le corresponde el “dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección” y a las provincias dictar las normas “necesarias para complementarlas”. Al decir del Doctor Germán Bidart Campos se trata de una categoría especial de competencias concurrentes. Tanto el Estado federal como las provincias pueden dictar normas sobre la totalidad de unas mismas cuestiones. Al decir del Doctor Daniel Sabsay “la reforma ha introducido una nueva delegación de las provincias a favor de la Nación. No resulta tarea fácil la delimitación del “quantum”. La delegación implica que la Nación podrá dictar los presupuestos mínimos los que necesariamente se aplicarán sobre los recursos naturales que hoy son de dominio de las provincias (124 CN). La delegación se hace en tanto que ella no importe un avasallamiento de esa facultad que las provincias han retenido sobre esos bienes de dominio público provinciales. El reparto utiliza para dividir las aguas un criterio de magnitud”
Nosotros opinamos, al respecto, que la problemática ambiental encaminada al desarrollo sostenible requiere de una articulación particular entre todos los niveles. Debe existir una base consensuada entre los niveles de gobierno. Esta necesidad es auspiciosa en la medida que nos ubica en el marco de un federalismo de “concertación” a favor del cual nos pronunciamos, fundamentalmente, porque creemos que este es el modelo que asegura mayor eficacia en la aplicación y la observancia de las normas ambientales.

En tal sentido, la sanción de la Ley General del Ambiente trae aparejada la necesidad de cambiar el criterio de “federalismo de imposición” por el de “federalismo de concertación” mencionado, diseñando el escenario básico sobre el cual se deben sancionar, interpretar e implementar las normas sectoriales de presupuestos mínimos, y regularse el rol del COFEMA . En cuanto a este último, el reto de las autoridades provinciales, la nacional y la porteña, es alto.

En este sentido la norma no sólo señala a aquel Consejo como el contexto básico de coordinación de políticas, sino que también instruye al Poder Ejecutivo Nacional a que proponga a la Asamblea del COFEMA, el dictado de recomendaciones o resoluciones, según corresponda, “…para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus reglamentaciones en distintas jurisdicciones…” (Art. 24)

Es claro que existe una competencia exclusiva a favor de la Nación para dictar el Código de minería conforme el artículo 75 inc. 12 CN.-
Al decir del Dr Mario Valls “el derecho minero norma la creación, modificación, transformación y extinción de las relaciones establecidas para el conocimiento, aprovechamiento y preservación de las sustancias mineras y la protección contra los efectos nocivos de la actividad minera.
Pero desde 1995 dicho cuerpo legal posee un sector dedicado a la protección ambiental en materia minera . Uno de los instrumentos que prevé dicho cuerpo normativo es la EIA.

La empresa – desde lo que se desprende del texto de los votos de los tres jueces citados – afirma que presentó oportunamente el estudio de impacto ambiental ante la autoridad provincial y fue autorizada por ésta a comenzar los trabajos de exploración previos a la explotación… Aduce, asimismo, la empresa que, habiendo satisfecho los requisitos exigidos por la legislación nacional, no pueden serle impuestas exigencias suplementarias derivadas de la aplicación de leyes provinciales que exceden las contenidas en el Código de Minería y finalmente, termina de perfilar su defensa sosteniendo que la sentencia apelada es arbitraria porque aplica la ley 4032 a la actividad minera por el solo hecho de considerarla una actividad potencialmente degradante para el medio ambiente, sin tener en cuenta que dicha ley sólo resulta aplicable a otro tipo de actividades o industrias.

Lo cierto es que la Corte define la naturaleza ambiental de las normas de la ley 24585 y han decidido en un tema de mucha complejidad la ubicuidad de la materia ambiental, expresando una doctrina que resulta ser de avanzada..
Si leemos atentamente el considerando 7 de Villivar allí la Corte recoge una tesis de amplitud, y dice que “del cotejo de las normas provinciales y nacionales invocadas no se advierte de qué modo y en qué medida la exigencia de la aprobación expresa, previa audiencia pública, del estudio de impacto ambiental exigido en los arts. 6 y 7 de la ley provincial 4032 antes del inicio de las actividades, vendría a contradecir lo previsto por las leyes nacionales 24.585 y 25.675…” y luego agrega la gran novedad hermenéutica cuando sostiene “dictadas con arreglo al art. 41 de la Constitución Nacional”.
Queda claro que para los tres Ministros del Alto Tribunal las reglas del título décimo tercero, sección segunda del Código de Minería (arts. 246/268) tienen base competencial en el tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Explican, entonces, los Ministros que la ley provincial ambiental 4032 (actualmente abrogadas por el Artículo 164 de la ley 5439 del 16/12/05 ) y el Código de Minería no colisionan pues
la norma provincial establece que los proyectos, actividades y obras, públicos y privados capaces de degradar el ambiente deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en todas sus etapas, la que será sometida a una audiencia pública presidida por la autoridad de aplicación que, después de analizar el estudio y las observaciones formuladas en la audiencia, decidirá expresamente sobre aquéllos, antes del inicio de las actividades de que se trate.
Por lo tanto, haciendo una interpretación armonizante del sistema federal ambiental – artículos 233 y 250 del Código de Minería y artículos 11 y 20 de la Ley 25675- los Dres. Lorenzetti, Fayt y Petracchi concluyen en que no hay colisión de normas, pues la Ley General de Ambiente, prevé como presupuesto mínimo la evaluación de impacto ambiental con audiencia pública, lo mismo que la ley provincial. Cobra mayor interés así el final del considerando 7 en el que la Corte define el contenido de la competencia de complementar cuando dice: “Según dicho artículo, corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las normas necesarias para complementarlas, ya que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementada”.
La competencia provincial para complementar supone agregar más protección: a) donde hay normas, siendo más riguroso, o b) estableciéndolas donde no las hay, para generar algún tipo de protección donde el legislador federal decidió dejar el espacio vacío.

Deja leer el mismo considerando 7 que es doctrina de la Corte que “el artículo 11 de la ley nacional 25.675 es presupuesto mínimo común de aplicación obligatoria en todo el territorio de la república” lo que se traduce en un mandato coercitivo, para todos los territorios, todas las autoridades y particulares, en todos lo ámbitos y carteras de los Estados. El mandato al que el Alto Tribunal se refiere es al de prevenir mediante un procedimiento administrativo los impactos a producirse por una “actividad susceptible de degradar el ambiente, o afectar la calidad de vida de la población de manera significativa”. Desde el impulso legislativo – vía ley 25675 – y judicial – vía “Villivar” se presenta como obligatorio para todos los ámbitos en que se ejecute política ambiental, el sometimiento a “un procedimiento de evaluación ambiental previo a su ejecución”.
Explica Mercedes Díaz Araujo al comentar el fallo “Fundación Fauna Argentina c/Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires” dictado por la Cámara Federal de Mar del Plata, que se puede decir que es principio de derecho administrativo que el dictamen ambiental previo es parte de la razonabilidad del acto administrativo. Dice la autora que actualmente se encuentra fuera de discusión la obligación establecida por las leyes ambientales de someter la realización de determinadas obras o actividades tanto de la Administración como de los particulares a un Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo para su autorización. En tales casos, la Evaluación de Impacto Ambiental configura un procedimiento administrativo obligatorio cuya omisión resulta contraria al ordenamiento jurídico. La actividad de la administración es reglada y por lo tanto su omisión contraría la legalidad del acto.
Recordemos que la Cámara en una excelente resolución decía – por ese entonces y sin leyes nacionales de presupuestos mínimos – que “Con relación a la autorización de capturas de la especie “tureciops Gephyurum (toninas) considero que asiste razón al juez de grado que basado en los datos aportados por el presentante, considera que siendo necesario haber realizado un estudio previo de carácter científico acerca de los aspectos poblacionales de dicha especie, su comportamiento, distribución espacial, relaciones sociales, y consecuencias específicas sobre la vida en cautiverio de estos animales, la resolución cuestionada que no cumple con dichos requisitos carece de causa como acto administrativo, y por ende, al faltar uno de sus requisitos esenciales se torna insalvablemente nula al entrar en contravención con lo dispuesto por el art. 7 “b” de la ley 19549.
Hoy, desde “Villivar” este presupuesto mínimo no puede desconocerse. Por lo tanto el Alto Tribunal retoma la “buena doctrina” iniciada con “Comunidad Wichi”
Otro elemento más que agrega la Corte con “Villivar”: las instancias de participación desperdigadas por la Ley General de Ambiente, serán obligatorias para las comunidades jurídicas parciales federales provinciales y municipales. Al respecto la manda de congruencia del artículo 4 Ley General de Ambiente dice “La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios ….” Así los Ministros sostienen que la Ley General de Ambiente, en su art. 20 añade que las autoridades de aplicación nacional y provincial deben institucionalizar procedimientos de audiencias públicas obligatorias previas a la autorización de dichas actividades. Queda claro que para el Alto Tribunal este es un presupuesto mínimo obligatorio para toda la estructura federal, en los tres órdenes, en las instancias intra e interfederal (acuerdos entre provincias o entre ellas y la Nación).

En conclusión, desde “Villivar” queda claro que existen dos presupuestos mínimos en la ley 25675 obligatorios para la estructura nacional:
1. no puede haber autorización de actividad susceptible de degradar el ambiente sin EIA.
2. no puede haber EIA que no incluya audiencia pública.

Otro elemento que ha abordado la sentencia resulta ser el considerando 8: En él se confirma la validez de una ley provincial 5001 del 9 de abril de 2003, que prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la Provincia del Chubut. Estamos, evidentemente, ante el ejercicio del poder de policía ambiental que, además, se amplía por las facultades que hoy poseen las provincias en materia de ordenamiento ambiental del territorio El poder de policía implicará, en esta materia, la posibilidad de reglamentar y hasta prohibir determinadas técnicas de producción en el marco de la sustentabilidad y el ordenamiento ambiental del territorio.

El ordenamiento ambiental del territorio (OAT) resulta ser un instrumento esencial para la protección del ambiente con una visión integral.
El artículo 10 de la ley general del ambiente describe al OAT como un proceso (dice “El proceso de ordenamiento ambiental…”), lo que nos indica una constante adaptación de sus parámetros, un monitoreo constante, con decisiones sujetas a cambios y además en permanente concertación respecto a sus contenidos fluctuantes como el propio entorno que se pretende proteger.
El objetivo que persigue este instrumento es desarrollar “la estructura de funcionamiento global del territorio de la Nación” (art. 10 LGA).
En el considerando 8 de los tres ministros mencionados precedentemente, se confirma la validez de una regla legal local prohibitiva de la minería de oro a cielo abierto con utilización del cianuro sancionada por la legislatura provincial. Esta doctrina pone luz sobre un proceso de OAT incipiente en el marco de las provincias, las que deberían comenzar a concertar con las comunidades locales qué tipo de minería desean alojar.

Conclusión

El 23 de marzo de 2003, una ciudad del interior del país sorprendía, no sólo a la opinión pública nacional, sino también, a las corporaciones transnacionales de minería con una decisión que abortaba un proyecto de extracción de oro antes de su puesta en producción. El 81% logrado por el “No a la mina” en el plebiscito de Esquel sentó un precedente inédito tanto para el negocio global minero, como para la conformación de un movimiento de resistencia en Argentina.
Los vecinos autoconvocados se gestaron al calor de la creciente indignación popular generada por la omisión de datos sobre un proyecto minero, en especial, el ocultamiento sobre la utilización de cianuro en el proceso de extracción. Las primeras reacciones de algunos profesores universitarios, a mediados de 2002, sensibilizaron a docentes del nivel medio y primario y luego de una masiva campaña de difusión la comunidad en pleno se constituyó en asamblea en noviembre de 2002. Como consecuencia del estado de movilización, que involucró a la ciudad entera, lograron la convocatoria a un referéndum sobre el emprendimiento minero. La consulta popular no era vinculante y sin embargo, provocó la paralización de la explotación. Esta situación sólo se explica por el amplio reconocimiento social que obtuvo el “No” a partir del mecanismo electoral. Si bien el proyecto estaba legalmente permitido era “legítimamente incorrecto”, “ya nada podía ser igual después del plebiscito”.

El fallo original, que tramitó por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut (sito en Esquel) dispuso la paralización de toda obra, acto o hecho a ejecutarse en el Emprendimiento Minero Cordón Esquel por parte de Minera El Desquite S.A. así como la prohibición de ejecutar nuevas obras, actos o hechos relacionados con ello en cualquiera de las etapas del proyecto hasta tanto se de cabal cumplimiento con lo establecido por los arts. 6º y 7º y concordantes de la ley 4032 y arts. 17º, 19º y 220 del decreto 1153/95.
La Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut confirmó el fallo de primera Instancia.
Posteriormente, la empresa Minera presentó un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad en el mismo escrito.
La Cámara declaró inadmisible el recurso por entender que no cumplía con los procesales y de fondo necesarios, rechazando el mismo
La empresa minera, entonces, presentó un recurso de queja por recurso denegado ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, con fecha 11 de septiembre del año 2003, el que fuera rechazado por inadmisible por el máximo Tribunal de la Provincia, por entender que no se daban los presupuestos legales que daban lugar a la casación ni a la inconstitucionalidad pretendidos por la demandada.
Finalmente, La Corte Suprema de Justicia Nacional desestimó la presentación de la minera canadiense Meridian Gold por el yacimiento del Cordón Esquel (motivo de la presente)
La empresa minera, en el argumento presentado había considerado que la sentencia desconoció el artículo 31 de la Constitución Nacional , al dar primacía a las leyes provinciales por encima del artículo 233 y concordantes del Código de Minería, con las modificaciones introducidas por la Ley Nacional 24.585.
En su voto, los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Enrique Petracchi sostuvieron que “del cotejo de las normas provinciales y nacionales invocadas no se advierte de qué modo y en qué medida la exigencia de la aprobación expresa, previa audiencia pública, del estudio de impacto ambiental exigido por la ley provincial antes del inicio de las actividades, vendría a contradecir lo previsto por las leyes nacionales 24.585 y 25.675 dictadas con arreglo al artículo 41 de la Constitución Nacional”. Los jueces del máximo tribunal recordaron que, en su artículo 250, el Código de Minería “establece que la autoridad de aplicación de las normas de protección del medio ambiente serán las que las provincias determinen en el ámbito de su jurisdicción”. “El artículo 1 de la Ley Provincial 5.001, sancionada el 9 de abril de 2003, prohíbe terminantemente la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto, así como la utilización de cianuro en los procesos de producción minera en el territorio de la provincia de Chubut”

El “No a la Mina” de Esquel es visto como un proceso que cuestiona el modelo de desarrollo hegemónico. El mundo global es un proceso que vino a desdibujar los parámetros económicos. Las fronteras provinciales/nacionales quedan relativizadas por la circulación de los campos epistemológicos que se invaden e interpenetran y la “división” naturaleza/sociedad se diluye en el imaginario actual. Este enfoque holístico integrador de sistema, del “ser en el mundo” hoy recupera el paradigma ecológico.

Creemos que estamos ante un nuevo modelo de institucionalidad para el desarrollo sustentable. El punto de conexión entre la actividad de policía y el mismo entorno se encuentra en que la actividad de los particulares puede tener incidencia sobre el entorno, y en esa medida puede estar sujeta a esta actividad limitadora de la administración, que en éste ámbito, tendrá como finalidad, como fin público, la defensa (en sentido de preservación y/o restauración en su caso) del ambiente.

Tales circunstancias, motivan nuestro cabal asentimiento sobre el fallo analizado; aún habiendo visualizado indudables singularidades ; sosteniendo, al respecto, que los cuestionamientos procesales fueron cedidos – en el caso “Villivar”, en particular – para privilegiar un fallo que constituye un avance evidente en una temática que día a día renueva su carácter tuitivo y la vigencia de sus principios para enfrentar actividades nocivas para las generaciones actuales y futuras.

Finalmente, hacemos oportuna la ocasión para aplaudir el fallo “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” –daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo- CSJN sentencia de fecha 8 de julio del año 2008.

Este último precedente citado, junto con el fallo analizado en el presente capítulo, señalan el itinerario del futuro desarrollo jurisprudencial, afirmando un criterio hermenéutico que compartimos con el máximo Tribunal.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

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