ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR.

ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR
VII.1- El ambiente a la luz los objetivos de integración
El proceso de integración regional en el MERCOSUR ha contribuido al análisis de infinidad de cuestiones de debate, así, diferentes normativas fueron generando interacción en las relaciones entre sus países miembros, ello resultó una demanda creciente de armonización de normas como la introducción de nuevos temas en la mesa de negociaciones y el tema ambiental se ha beneficiado en el proceso.

Argentina, Brasil, Paraguay y  Uruguay firmaron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción. Conforme dicho Tratado, las partes constituyeron el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y adoptaron un período transitorio para su puesta en marcha hasta el 31 de diciembre de 1994. Complementariamente, por medio del Protocolo de Brasilia, fue adoptado un régimen de solución de controversias comerciales.

En julio de 1992 fue adoptado, en Las Leñas, un plan de trabajo con su correspondiente cronograma de cumplimiento en función de la constitución definitiva del MERCOSUR.

 El 17 de diciembre de 1994 fue acordado en Ouro Preto, Brasil, el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, estructura definitiva de funcionamiento del nuevo régimen regional. Este último cuenta además con un Anexo referido al “Procedimiento General para reclamaciones ante la Comisión de Comercio del MERCOSUR”.

A partir de de enero de 1995 tiene plena vigencia en el MERCOSUR un sistema institucional de negociación, de toma de decisiones, de resolución de conflictos comerciales, caracterizado por los efectos jurídicos de  supranacionalidad.

VII.1.2 El Tratado de Asunción
El Preámbulo del Tratado de Asunción indica entre sus objetivos generales el de crear las bases para una “unión cada vez más estrecha entre sus pueblos” a partir de la conformación del encuadre institucional necesario para la integración.

Como primer paso concreto hacia la constitución de las partes en un todo, establece el objetivo de ampliar las actuales dimensiones de sus mercados nacionales a través de la integración y la creación de un “Mercado Común del Sur”.

Al considerar la ampliación de sus mercados nacionales a través de la integración, el Preámbulo del Tratado destaca que el logro de ese objetivo, debe realizarse preservando el ambiente. Dicho mandato aparece en un contexto más amplio expresado de la siguiente manera: “…lograr el desarrollo económico con justicia social, entendiendo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía …”.

Conforme  el Tratado, el Mercado Común del Sur  implica:
“la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Parte: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Parte; el compromiso de los Estados Parte de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”

VII.2- “>Estructura del MERCOSUR
A partir del Protocolo de Ouro Preto, la estructura del MERCOSUR cuenta con tres órganos resolutivos, dos órganos consultivos y un órgano asistencial administrativo.

VII.2.1 Organos resolutivos
Consejo del Mercado Común (CMC): es el órgano supremo de la estructura institucional y está integrado por los ministros de relaciones exteriores y de economía de los Estados Parte. Actúa como órgano político e incluye entre sus funciones la de formular las políticas y promover las acciones necesarias para el perfeccionamiento del régimen del MERCOSUR, ejercer la titularidad de la personalidad jurídica internacional, negociar y firmar acuerdos internacionales, pronunciarse sobre las propuestas del Grupo Mercado Común, crear órganos y designar al Director de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

El CMC adopta por consenso “Decisiones” de alcance supranacional y de aplicación obligatoria para los Estados Parte del Tratado de Asunción.

Grupo Mercado Común (GMC): es el órgano ejecutivo del MERCOSUR. Coordinado por los ministerios de relaciones exteriores, e integrado por 4 miembros titulares y 4 miembros alternos por país, que representan a los siguientes organismos públicos: ministerios de relaciones exteriores, de economía y de los bancos centrales. El GMC puede crear comisiones técnicas de trabajo (ha creado 11 sub. grupos de trabajo durante el período de transición) y convocar reuniones especializadas para tratar temas específicos que requieren la intervención de varias áreas institucionales (ej. Reunión Especializada de Medio Ambiente).

Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM): está constituida por 4 miembros titulares y alternos por cada Estado Parte y coordinada por los ministerios de relaciones exteriores. Incluye entre sus funciones la de velar por la aplicación de los instrumentos comunes de la política comercial interna en el MERCOSUR y con terceros países, adopta decisiones vinculadas al manejo y aplicación del arancel externo común, propone al GMC normas y enmiendas a la normativa comercial y aduanera y actúa de instancia para la recepción de reclamos por parte de los Estados, los particulares y las personas jurídicas. Además, puede establecer comités técnicos necesarios para cumplir con sus tareas.

La CCM adopta por consenso “Directivas” de alcance supranacional y de aplicación obligatoria para los Estados Parte del Tratado de Asunción.

Organos consultivos
Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC): Con el propósito de acompañar y facilitar las tareas de los órganos ejecutivos, la CPC tiene por función la de procurar, cuando así corresponda, la rápida incorporación al derecho interno de la normativa supranacional del MERCOSUR. Este órgano está integrado por representantes de los parlamentos nacionales de los cuatro Estados Parte, facultándolos en la designación de los mismos de acuerdo a los respectivos procedimientos internos. El CPC eleva “recomendaciones” al CMC por medio del GMC.

Foro Consultivo Económico-Social (FCES): Con el propósito de crear un espacio de representación económico-social, el FCES genera propuestas hacia el sistema institucional desde las fuerzas vivas y productivas de la región. Así, puede elevar al GMC “recomendaciones” para su tratamiento orgánico por parte de este último. 

>Organo asistencial administrativo
Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM): Con sede permanente en la Ciudad de Montevideo, y a cargo de un director designado por el CMC, la SAM funciona como un órgano de asistencia para la articulación y apoyo logístico y operativo de los demás órganos del MERCOSUR. Además tiene a su cargo la publicación del Boletín Oficial del MERCOSUR luego de las correspondientes traducciones oficiales y auténticas en los idiomas español y portugués y el mantenimiento del archivo de la documentación.

“>REUNIÓN ESPECIALIZADA DE MEDIO AMBIENTE- R.E.M.A
En base al Cronograma de Las Leñas, y debido a la naturaleza intersectorial de las medidas ambientales, el GMC convocó la participación de una REMA mediante Resolución 22/92 con el cometido de analizar la legislación vigente en los Estados Parte,  proponer recomendaciones al GMC sobre acciones para la protección del ambiente  y las restricciones no arancelarias de carácter ambiental.

Entre sus recomendaciones más importantes figuran las “Directrices Básicas en materia de Política Ambiental”, a que fue aprobada por el GMC sin enmiendas por Resolución 10/94 del 3 de agosto de 1994. Las mismas consistieron en:

a. “Asegurar la armonización de la legislación ambiental entre los Estados Parte, entendiendo que armonizar no implica establecer una legislación única, considerando a tal efecto las normas vigentes, su real aplicación y promoviendo, para el caso de lagunas normativas, el dictado de normas que traten adecuadamente los temas ambientales y aseguren condiciones ecuánimes de competitividad en el MERCOSUR.

b. Asegurar condiciones ecuánimes y equitativas de comercio entre los Estados Parte incluyendo el costo ambiental en la estructura del costo total de cualquier proceso productivo.

c. Garantizar la adopción de prácticas no degradantes del ambiente en el uso de los recursos naturales.

d. Adoptar un manejo sustentable de los recursos naturales renovables para garantizar su utilización futura.

e. Asegurar la obligatoriedad de la adopción de prácticas de habilitación ambiental para actividades potencialmente degradantes del ambiente de los Estados Parte, haciendo uso de los instrumentos de la evaluación de impacto ambiental.

f. Asegurar la reducción y/o eliminación de la descarga de contaminantes a partir del desarrollo y adopción de tecnologías apropiadas, limpias y de reciclaje y del tratamiento adecuado de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

g. Asegurar el menor grado de deterioro ambiental en los procesos productivos y en los productos de intercambio, teniendo presente la integración regional en el ámbito del MERCOSUR.

h. Asegurar la concertación de acciones para la armonización de los procedimientos legales y/o institucionales para la habilitación ambiental y el monitoreo de actividades que pudieran generar impactos ambientales en ecosistemas compartidos.

i. Estimular la coordinación de criterios ambientales comunes para la negociación e implementación de acuerdos internacionales con incidencia prioritaria en el proceso de integración.

j. Promover el fortalecimiento de instituciones dedicadas a la gestión ambiental sostenible a través del aumento de la información sustantiva para la toma de decisiones, el mejoramiento de la capacidad de evaluación y el perfeccionamiento de las instituciones de enseñanza, capacitación e investigación.

k. Garantizar que las actividades dedicadas al desarrollo del turismo entre los Estados Parte consideren los principios y las normas que aseguren el cuidado y equilibrio del ambiente.”

Posteriormente la REMA, pasó a ser el Subgrupo de Trabajo Nº 6  de Medio Ambiente, (SGT 6)  el que adoptó en su primera reunión un documento conteniendo “Tareas Prioritarias y Plazos”.

Este documento enfoca temas como las restricciones no arancelarias, competitividad y ambiente, normas internacionales ISO 14.000, temas sectoriales, un proyecto de instrumento jurídico  ambiental en el MERCOSUR, el diseño de un sistema de Información ambiental y el desarrollo de un proceso para la adopción de un Sistema Sello Verde MERCOSUR.

El mencionado proyecto de “instrumento jurídico es el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre Medio Ambiente.

Las tareas establecidas fueron:

a. Restricciones No Arancelarias:

Analizar las restricciones y medidas no arancelarias que tengan relación con la temática ambiental y elaborar la propuesta de armonización o eliminación de tales medidas y restricciones.

b. Competitividad y Ambiente

Contribuir para establecer en materia ambiental condiciones de adecuada competitividad entre los Estados Parte y entre éstos y terceros países y/o esquemas de integración regional.

Promover estudios que atiendan la valoración e inclusión del costo ambiental en el costo total del proceso productivo, de modo que permita condiciones ecuánimes de protección ambiental y competitividad.

c. Normas Internacionales- ISO 14.000
Acompañar el proceso de elaboración, discusión, definición e implementación de la serie ISO 14.000 gestión ambiental, y analizar los impactos de su posible aplicación como factor diferenciador de competitividad para productos originarios del MERCOSUR en el mercado internacional.

d. Temas Sectoriales

Promover la implementación de las propuestas que en materia ambiental, fueron presentadas por los Subgrupos de trabajo al término del período de transición.

e. Sistemas de Información Ambiental

Diseño, desarrollo y puesta en operación de un sistema de información ambiental sustantiva, a nivel de las máximas instituciones nacionales de los Estados Parte.

f. Sellos Verde MERCOSUR

Desarrollar un proceso tendiente a la definición y formalización de un sistema de sellos verde MERCOSUR.

g. Proyecto de Instrumento Jurídico Ambiental en el MERCOSUR

La elaboración de un documento a tomar como referencia sobre los ordenamientos legales nacionales, temas específicos de gestión ambiental, teniendo como objetivo la optimización de los niveles de calidad ambiental en los Estados Parte.

- ACUERDO MARCO SOBRE MEDIO AMBIENTE DEL MERCOSUR
El “Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR” ha sido aprobado por la “XX Cumbre Presidencial de MERCOSUR” celebradas los días 21 y 22 de junio del año 2001 en Asunción, Paraguay.-

En el contexto relacionado en los apartados precedentes, podemos decir que ha sido  el resultado de las reuniones y consideraciones del SGT 6,  aprobadas por decisión del CMC en materia ambiental (Decisión Nº 2/01)

El mismo consta de un Preámbulo el cual indica la necesidad de la cooperación recíproca que favorezca el desarrollo integral de la región, específicamente de los recursos naturales y su conservación.-

Se divide en cuatro capítulos:

El primero denominado “Principios “ donde los Estados Parte reafirman su compromiso con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y desarrollo de 1992, y dan la orientación de sus acciones para lograr el objetivo.

El capítulo segundo indica el “Objeto” que es “el desarrollo sustentable y la protección del ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales…”.

El capítulo tercero está destinado a la “Cooperación en Materia Ambiental”, describiendo las acciones a seguir y promoviendo la participación de los organismos nacionales competentes y de las organizaciones de la sociedad civil.

El cuarto capítulo denominado “Disposiciones Generales” estipula que en caso de controversias entre los Estados Parte respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones del acuerdo serán resueltas por medio del Sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

Por último el Acuerdo consta de un Anexo designado “Áreas Temáticas” dividido en cuatro partes:

1) Gestión sustentable de los recursos naturales.

2) calidad de vida y planeamiento ambiental.

3) Instrumentos de política ambiental y

4) actividades productivas ambientalmente sustentables.-

Dentro del articulado, el Acuerdo marca la orientación que deben seguir los Estados Parte para alcanzar el objetivo. Todo esto mediante la coordinación de políticas sectoriales incorporando el componente ambiental, la promoción de su protección y aprovechamiento eficaz, promover el desarrollo sustentable como tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes a los problemas ambientales, dar lugar a la participación de la sociedad civil en el tratamiento de éstas cuestiones y fomentar la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.

Los Estados Parte deben cooperar en el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre materia ambiental, debiendo profundizar el análisis de los problemas en la subregión mediante diversas acciones, como incrementar el intercambio de información legislativa, procedimental y política; incentivar y optimizar la gestión del ambiente; armonizar la legislación ambiental conforme a las diferentes realidades de los países; promover los procesos productivos y servicios no degradantes del ambiente; la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias; y la educación ambiental.-

El artículo 6º inc. J) y k) son fundamentales en la prevención de la contaminación ambiental ya que textualmente dicen “ estimular la harmonización de las directrices legales e institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados Parte, con especial referencia a las áreas fronterizas; …brindar, en forma oportuna, información sobre  desastres y emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados Parte, y cuando fuere posible, apoyo técnico y operativo”.-

Siguiendo ésta tendencia, el 7 de julio de 2004 se firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de Medio Ambiente del MERCOSUR en materia de cooperación y asistencia ante Emergencias Ambientales por Decisión del CMC (Consejo del Mercado Común) No 14 del 2004. Dada “la importancia de acciones coordinadas entre los Estados Parte para consolidar y profundizar el proceso de integración del MERCOSUR; y la necesidad de avanzar en la construcción del desarrollo sostenible mediante la cooperación entre los Estados Parte del MERCOSUR con vistas a mejorar la calidad de vida y las condiciones de seguridad de sus poblaciones frente a las posibilidades de ocurrencias de emergencias ambientales en los Estados Parte; Siendo  fundamental contar con un instrumento jurídico para reglamentar las acciones de la cooperación y asistencia ante emergencias ambientales.”

Se reconoce, también “la necesidad de proteger de manera especial a los sectores pobres que son los mas afectados por la degradación ambiental y los mas perjudicados ante las emergencias ambientales” Siendo el Objeto fundamental la “ cooperación recíproca y asistencia cuando se produzca una emergencia que tenga consecuencias efectivas o potenciales en el medio ambiente o en la población de su propio territorio o de otro Estado Parte, conforme con las disposiciones generales y particulares del  Protocolo”.

CONSTITUCIONES DEL MERCOSUR
La integración latinoamericana nos mueve a analizar los textos constitucionales de los Estados Parte, a efectos de conocer las bases y principios que en materia ambiental contienen cada uno de ellos, y de establecer la viabilidad de una armonización de las legislaciones, que compatibilice sus deseos de crecer económicamente con la preservación del  ambiente.
VII.5.1- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
La Constitución de la República Oriental del Uruguay data del año 1967, y no contiene en su articulado ninguna norma que se refiera expresamente al ambiente.

No obstante ello, existen normas  que  lo contemplan, como por ejemplo el artículo 34 que expresamente establece: “Toda la riqueza artística o histórica del país sea quien fuere su dueño, constituyen el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salvaguardia del Estado, y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa.”
VII.5.2 REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

La Constitución de la República Federativa del Brasil data de año 1988. El tema ambiental tiene tratamiento especial en el Capítulo VI del Título VIII, denominado “Del Medio Ambiente”.

El artículo extenso 225 dice expresamente: ”Todos tendrán derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, como bien de uso común del pueblo y esencial para la sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones actuales y futuras.

1°. Para asegurar la efectividad de éste derecho, corresponde al Poder Público:

  • Preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y proveer el tratamiento ecológico de las especies y ecosistemas.
  • Preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético de la Nación y fiscalizar las entidades dedicadas a investigación y manipulación de material genético.
  • Definir a todas las unidades de la Federación espacios territoriales y sus componentes para ser especialmente protegidos, permitiéndose la alteración y la supresión sólo mediante una Ley. Se prohibirá cualquier utilización que comprometa la integridad de los atributos que justifiquen su protección.
  • Exigir, según disponga la Ley, un estudio previo de impacto ambiental, al que se dará publicidad, para la ejecución de obras o actividades potencialmente causantes de una degradación significativa en el ambiente.
  • Controlar la producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos y sustancias que impliquen riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente.
  • Promover la educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y la toma de conciencia pública para la preservación del  ambiente.
  • Proteger la fauna y la flora, prohibiendo, en los términos que disponga la Ley, las prácticas que pongan en riesgo su función ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad.
    2°. Quien explote recursos minerales quedará obligado a restaurar el ambiente degradado, de acuerdo con una solución técnica exigida por el órgano público competente, según lo dispuesto en la Ley.

    3°. Las conductas y actividades consideradas lesivas para el ambiente someterán a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, sin perjuicio de la obligación de reparar los daños causados.

    4°. Son patrimonio nacional la Selva Amazónica, el Bosque Atlántico, la Sierra del Mar, El Cenagal del Mato-Grosso, y la Zona Costera, y su utilización se llevará a cabo, según disponga la Ley, en unas condiciones que aseguren la preservación del ambiente, incluyendo el uso de recursos naturales.

    5°. No podrán ser objeto de actos de disposición las tierras sin dueño ni destino ni las recuperadas por los Estados previa acción judicial de deslinde, que fueren necesarias para la protección de ecosistemas naturales.

    6°. Las instalaciones que operen con un reactor nuclear deberán tener definida su ubicación en una Ley federal, sin lo cual no podrán ser implantadas.

    La Constitución de la República Federativa del Brasil tiene además del transcripto ut-supra otros artículos que se refieren al ambiente a lo largo de su articulado.

    El artículo 5° se refiere a la acción popular y expresamente dice: “Cualquier ciudadano es parte legítima para repeler la acción popular que tienda a anular el acto lesivo al patrimonio público… el ambiente… etcétera.”

    En el Título III “De la organización de Estado”, el artículo 23 en su inciso VI dice: “Es competencia común de la Confederación, los Estados, el Distrito Federal y de los Municipios…proteger el ambiente y combatir la polución en cualquiera de sus formas…”

    Dentro del mismo Título, el artículo 24 en su inciso VI reza: “Compete a la Confederación, a los Estados y al Distrito Federal legislar concurrentemente sobre…flora, caza, pesca, fauna, conservando la naturaleza, defensa del suelo y los recursos naturales, protección del  ambiente y control de la polución…”

    En el Título IV “De la organización de los poderes”, el artículo 129 establece en su inciso III que: “Son funciones institucionales del Ministerio Público… Promover la injerencia civil y la acción civil pública, para la protección del patrimonio público y social, del ambiente y de otros intereses difusos y colectivos.”

    En el Título VII “Del orden económico y financiero” el artículo 170 en su inciso VI reza: “El orden económico fundado en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos una existencia digna, conforme a la justicia social, observando los siguientes principios… Defensa del ambiente.”

    Finalmente, en el Título VII “Del orden social” el artículo 216 en su inciso V nos dice: “Constituyen patrimonio cultural brasileño los bienes de naturaleza material e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, portadores de referencia a la identidad, a la acción, a la memoria de los diferentes grupos de formadores de la sociedad brasileña en los cuales se incluyen:…Los conjuntos urbanos y sitios de valor histórico, paisajístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico y científico.”

    VII.5.3 REPUBLICA DEL PARAGUAY.

    La Constitución de la República del Paraguay fue sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992, derogando a la Constitución que los regía desde el año 1940. La misma contiene en su articulado normas referidas a la protección jurídica del ambiente.

    El artículo 7 “Del derecho a un ambiente saludable” establece que: “Toda persona tiene derecho a habilitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios del interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental pertinente.”

    El artículo 8 “De la protección ambiental” reza: “Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas nucleares, químicas o biológicas, así como la introducción al país de residuos tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.”

    Finalmente, el artículo 268 “De los deberes y de las atribuciones del Ministerio Público” en su inciso 2) establece: “Son deberes y atribuciones del Ministerio Público:… Promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el ambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas…”

    A modo de colofón
    La República Argentina no es ajena a la composición del mapa mundial que divide al mundo en grandes bloques económicos, y es por ello que el gobierno de nuestro país ha firmado el 26 de marzo de 1991 el Tratado para la Constitución de un Mercado Común con la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
    Desde el preámbulo y  objetivos  del Tratado de Asunción el MERCOSUR ha ido adquiriendo sensibilidad ambiental al introducir temas dentro del tratado de integración

    Posteriormente el trabajo de la REMA se centró en las directrices, las que podemos definir como un conjunto de principios, criterios y líneas de acción que las partes comprometían a seguir tanto en materia ambiental como en el manejo de los recursos naturales y la interacción entre ambos temas.

    Subsiguientemente la REMA, pasó a ser el Subgrupo de Trabajo Nº6 de Medio Ambiente Y por decisión Nº 2/01 del CMC, se presentó  el “Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR” el que fuera aprobado por la “XX Cumbre Presidencial del MERCOSUR” celebradas los días 21 y 22 de junio del año 2001 en Asunción, Paraguay.

    Siguiendo esta tendencia el 7 de julio de 2004 se firmó el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de Medio Ambiente del MERCOSUR en materia de cooperación y asistencia ante Emergencias Ambientales por Decisión del CMC (Consejo del Mercado Común) No 14 del 2004

    Por último, enfatizamos la plena vigencia del  art 17 del Acuerdo Marco Interregional De Cooperación entre La Comunidad Europea Y El Mercado Común Del Surque establece la  Cooperación en materia de protección ambiental, teniendo como  objetivo el desarrollo sustentable: la protección del ambiente y la utilización racional de los recursos naturales

    Finalmente, sostenemos que la globalización de los problemas ambientales es paralela a la globalización de la economía mundial. Las acciones y los comportamientos ambientales globales y transnacionales de un país tienen cada vez más efectos extrajurisdiccionales sobre el patrimonio ambiental compartido.

    El Acuerdo Marco sobre el ambiente del MERCOSUR permite vislumbrar diversas respuestas institucionales y jurídicas en el campo del ambiente, de aplicación gradual y progresiva
    Concluyentemente, la normativa expuesta en el presente capítulo, complementa la gestión sustentable propuesta  para la actividad minera, a fin de que se tomaren en cuenta, además, los efectos de la integración sobre la contaminación transfronteriza.